CORTE
SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS SUSPENDE EL MANDATO DE BIDEN DE QUE LOS EMPLEADOS SE
VACUNEN OBLIGATORIAMENTE CONTRA EL COVID
Chile, 17 de enero 2022
“En una reciente
publicación del medio español Confilegal se da a conocer el artículo «La Corte
Suprema suspende el mandato de Biden de que los empleados se vacunen
obligatoriamente contra el COVID».
6 votos contra 3, la Corte
Suprema de los Estados Unidos, suspende la norma emitida por la Administración
de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés), que había
entrado en vigor el pasado lunes y que estaba auspiciada por el presidente Joe
Biden, lo que supone un fuerte revés político y personal para su persona.
Cabe señalar que la norma
obligaba a los empresarios de negocios con más de 100 empleados a exigir a sus
trabajadores que se vacunaran contra el COVID-19 o bien que presentaran
semanalmente, y de un modo obligatorio, pruebas negativas que debían pagar de sus
propios bolsillos.
La OSHA, que forma parte
del Departamento de Trabajo, cuyo máximo representante es el secretario Marty
Walsh, también obligaba a los trabajadores no vacunados a llevar mascarillas en
su puestos de trabajo.
El presidente Joe Biden
anunció el pasado mes de septiembre que el Departamento de Trabajo iba a dictar
dicha norma de emergencia con el objetivo de imponer la vacunación a unos 84
millones de trabajadores, dos terceras partes de los empleados estadounidenses.
La norma fue publicada el
5 de noviembre del año pasado por la Administración de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Biden reconoció públicamente la derrota.
«La Corte Suprema ha
dictaminado que mi Administración no puede utilizar la autoridad que le ha
otorgado el Congreso para exigir esta medida, pero eso no me impide utilizar mi
voz como presidente para abogar por que los empresarios hagan lo correcto para
proteger la salud y la economía de los estadounidenses», declaró el presidente
estadounidense. Para Biden la sentencia del Supremo es una derrota.
El secretario de Trabajo,
Walsh, por su parte calificó la sentencia de «gran revés para la salud y la
seguridad de los trabajadores» y prometió que la Administración de Seguridad y
Salud en el Trabajo «utilizaría su autoridad para asegurarse de que las empreas
protegen a los empleados».
LA OSHA NO TIENE PODER
PARA EMITIR UNA NORMA COMO ESA, SEGÚN LA CORTE SUPREMA
En
su sentencia, la Corte Suprema dice que «La cuestión que se nos plantea no
es cómo responder a la pandemia, sino quién tiene el poder de hacerlo. La
respuesta es clara: según la ley actual, ese poder recae en los Estados y en el
Congreso, y no en la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo».
Para el máximo tribunal de
esa nación, que reúne los poderes de un tribunal supremo y de un tribunal
constitucional europeo, una agencia federal como la OSHA no tiene el poder para
emitir dichas normas. Es un poder que solo pertenece a los representantes
elegidos por el pueblo.
«Si los organismos
administrativos pretenden regular la vida cotidiana y las libertades de
millones de estadounidenses, la doctrina dice que al menos deben ser capaces de
rastrear ese poder hasta una clara concesión de autoridad por parte del
Congreso», subraya.
Y recuerda que «la
doctrina de la no delegación garantiza la responsabilidad democrática al
impedir que el Congreso delegue intencionadamente sus poderes legislativos en
funcionarios no elegidos».
Para luego sintetizar su
posición con toda claridad: «Sea cual sea la doctrina, la cuestión es la
misma. Ambas sirven para evitar que ‘el gobierno de la burocracia suplante al
gobierno del pueblo’».
«Al decir esto, no
impugnamos las intenciones del mandato de la agencia [la OSHA. Por el
contrario, sólo cumplimos nuestro deber de hacer cumplir las exigencias de la
ley cuando se trata de la cuestión de quién puede gobernar la vida de 84
millones de estadounidenses. Respetar esas exigencias puede ser difícil en
tiempos de tensión. Pero si este Tribunal las acatara sólo en condiciones más
tranquilas, las declaraciones de emergencia no terminarían nunca y las
libertades que la separación de poderes de nuestra Constitución pretende
preservar quedarían en nada», añade.
DOS RECURSOS ADMITIDOS
El
recurso ante la Corte Suprema había sido doble. Por una parte, la National
Federación of Independent Business y otros y por el estado Ohio y otros
estados, ambos contra el Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional y otros, equivalente a nuestro Ministerio de Trabajo.
«Los Estados y los
empresarios nos dicen que el mandato de la OSHA les obligará a incurrir en
miles de millones de dólares en costes de cumplimiento irrecuperables y hará
que cientos de miles de empleados abandonen sus puestos de trabajo», dice el
tribunal en su sentencia.
«Por su parte, el Gobierno
Federal afirma que el mandato salvará más de 6.500 vidas y evitará cientos de
miles de hospitalizaciones. (…) No es nuestro papel sopesar esas
compensaciones. En nuestro sistema de gobierno, esa es la responsabilidad de
los elegidos por el pueblo a través de procesos democráticos», destaca.
«Aunque
el Congreso ha otorgado indiscutiblemente a la OSHA el poder de regular los
peligros laborales, no ha dado a esa agencia el poder de regular la salud
pública de forma más amplia. Exigir la vacunación de 84 millones de
estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empresas con
más de 100 empleados, entra ciertamente en esta última categoría«, precisa.
Los seis jueces
conservadores John G. Roberts, presidente, Samuel A. Alito, Jr., Clarence
Thomas, John G. Roberts, Brett M. Kavanaugh, Neil M. Gorsuch y Amy Coney
Barrett formaron mayoría en esta sentencia. Los progresistas Stephen G.
Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor votaron en contra.
En sus votos disidentes
afirman que la mayoría de la Corte Suprema ha usurpado el poder del Congreso,
del presidente y de la propia OSHA sin tener base legal alguna.
«Mientras la enfermedad y
la muerte siguen aumentando, este Tribunal le dice a la agencia que no puede
responder de la manera más eficaz posible. Sin base legal, el Tribunal usurpa
una decisión que pertenece legítimamente a otros. Socava la capacidad de los
funcionarios federales responsables, que actúan dentro del ámbito de su
autoridad, para proteger a los trabajadores estadounidenses del grave peligro»,
afirman los tres jueces.
Tomado de Diario Constitucional.cl