DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL
Sala Constitucional No. 583 / 30/3/2007
“El artículo 253 del
texto constitucional señala, que corresponde a los órganos del Poder Judicial
conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los
procedimientos que determinen las leyes.”
“...El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye
una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de
garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar
la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en
la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la
protección de la libertad de las personas, o de otros derechos que puedan verse
afectados. Las aludidas garantías configuran los siguientes principios medulares
que, desde la perspectiva constitucional integran su núcleo esencial: 1.- Legalidad,
2.- Juez natural, 3.- Presunción de inocencia, 4.- Favorabilidad, 5.- Derecho a
la defensa: - Derecho a la asistencia de un abogado. - Derecho a un proceso sin
dilaciones injustificadas. - Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. - Derecho a impugnar la sentencia condenatoria. - Derecho a un proceso
público. - Derecho a presentar y controvertir pruebas’ (Bernal Cuellar, Jaime y
Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal. Cuarta edición, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 69 y 70).
Ahora bien, con relación específicamente al principio de
legalidad procesal en el ámbito del debido proceso, puede sostenerse
que aun cuando no es tarea sencilla exponer el contenido preciso de esta última
institución, en virtud de la cantidad de derechos y garantías que acoge en su
interior, sin embargo, tradicionalmente la idea del debido proceso se
vincula al aforismo latino nulla poena sine iuditio legale, el cual expresa la
dimensión procesal del principio de legalidad, es decir, la noción de sujeción
del Estado y la sociedad a la Ley y, por ende, el obligatorio acatamiento por
todos de las normas preexistentes, y de un juicio legal para poder determinar
la comisión de un hecho punible y la responsabilidad penal de una persona.