NOSOTROS LOS REPRESENTANTES: VENEZUELA Y EL NACIMIENTO DE SU RÉGIMEN REPRESENTATIVO (1810-1830)

“Venezuela, como Estado, nació de una crisis de representatividad. Aunque fueron muchas las variables que desataron su proceso de independencia y el establecimiento de su Estado-nación, el detonante inmediato estuvo en la necesidad de dar respuesta al colapso institucional que sufrió España en 1808.”

Publicado el Lunes, 15 de Marzo de 2021.
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NOSOTROS LOS REPRESENTANTES: VENEZUELA Y EL NACIMIENTO DE SU RÉGIMEN REPRESENTATIVO (1810-1830)

14 de marzo2021

                                                                     Por Tomás Straka

 

I/II

“La abdicación de dos reyes, que mutuamente se entregaron y quitaron la corona entre sí, y la entrega inconsulta de la soberanía a un tercero, no pudo menos que demoler la legitimidad de todos los involucrados. Aquello, que a primera vista parecía una tragedia o una farsa (tenía de las dos cosas), obligó a los pueblos buscar otra forma de legitimidad. Al principio, dentro de los mismos parámetros legales e institucionales en los que se venían actuando desde hace siglos, pero muy pronto rompiendo en mayor o menor medida con todo, o al menos mucho, de lo anterior.

 

Lo aparatoso de las abdicaciones demostraba que el problema no era que un rey determinado fuera, o no, legítimo. Sino que toda la institución de la Corona estaba carcomida y que era necesario reformarla, o suprimirla. La Constitución de Bayona y las Cortes de Cádiz fueron las dos respuestas más importantes que se dieron en España. En América se hizo otro tanto, estableciéndose congresos y redactando constituciones en toda la región, bien para reformar la monarquía o bien para suprimirla.

 

En este contexto, el Congreso reunido en Caracas en 1811 fue el primero en llevar las cosas lo más lejos posible: declarar rotos los vínculos con la Corona española, crear un Estado propio y adoptar una forma republicana. En su famoso y muy influyente estudio sobre la crisis del mundo hispánico a inicios del siglo XIX, François-Xavier Guerra, afirmó que el proceso consistió en gran medida en la asunción de la modernidad política a ambos lados del océano, con todo lo que eso conllevó[1]. El caso venezolano lo confirma. Abandonar la idea de representatividad tradicional y asumir la moderna, es uno de los legados más importantes e influyentes de todo lo que se hizo en aquellos días.

 

El Congreso reunido en Caracas para buscar una salida a la crisis, consideró que ni la seguidilla de abdicaciones escenificada por Carlos IV y Fernando VII, ni la entrega de la corona a José I, se ajustaban a derecho. Sobre todo la entrega de la corona a José Bonaparte, que se hizo sin consultar a los súbditos. En consecuencia, concluyeron los diputados, el pacto con la Corona española se había roto. No es que ellos inicialmente habían decidido separarse: es que los reyes habían abandonado la cancha y dejado en su lugar a un impostor. En consecuencia: nosotros, los Representantes de las Provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el Continente Meridional, reunidos en Congreso, y consiguiendo la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la Jornada de Bayona y la ocupación del Trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento[2].

 

José Bonaparte y su grupo son “los intrusos gobiernos que se abrogaron la representación nacional”. Y al no haber gobierno legítimo en la metrópoli quedamos “independientes de toda forma de gobierno de la península de España”[3]. Los siguientes veintidós años de guerra demuestran cuán complicado fue convencer de estas conclusiones a buena parte de los venezolanos, y acaso los siguientes doscientos años son una prueba de lo difícil que ha sido ponerla en práctica cuando finalmente se logra imponerla política y militarmente. Pero el punto es que, con los avances y retrocesos, con los cambios que en dos siglos se operan en las ideas y lenguajes políticos, con lo mucho que queda por hacer, una cosa quedó en firme de todo lo proclamado por aquellos diputados de 1811: en última instancia la soberanía descansa en el pueblo y que éste la ejerce a través del voto.

 

En las siguientes páginas se presentará un resumen bastante apretado del surgimiento de esta idea de representación. Debido a la amplitud del tema, no se puede más que hacer el panorama de este momento inicial, y señalar las sendas por las que se proyecta al futuro. En este sentido, el presente texto debe leerse como tan sólo la puerta para lo que pudiera ser una indagación más amplia. Por eso se han consignado a pie de página las referencias de obras, muchas de ellas al alcance en la Internet, en las que los interesados podrán profundizar.

 

De la representación tradicional a la moderna

Volvamos a la tesis de François-Xavier Guerra. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a modernidad política? Como siempre en estos casos, se trata de una categoría compleja, pero Guerra se detiene en un aspecto clave: se trata de una forma de representación no corporativa, sino basada en una idea de pueblo concebido como un conjunto de individuos libres.

 

Los diputados de 1811 no representaban a corporaciones, sino a circunscripciones definidas por el número de estos individuos. No obstante, aún tienen un pie en cada una de las concepciones, lo que nos dibuja bien el desplazamiento que hicieron. Cuando afirmaban que el pacto con el Rey se había roto debido al incumplimiento de su parte, estaban en la forma tradicional de representación en el mundo hispano. En ella, para que el Rey lo fuera, debía recibir el juramento del pueblo, que en última instancia era el depositario de la soberanía. Este juramento marcaba un pacto en el que el pueblo delegaba esta soberanía en el Rey. A esto se le llama usualmente pactismo.

 

El pacto se solemnizaba en un acto llamado la Jura, en el que los representantes del pueblo simbólicamente delegaban la soberanía en el monarca. El punto es que esos representantes no eran unos funcionarios electos por votación general, sino los miembros de una corporación, el Cabildo. Ella era la legítima representación del pueblo, y la que por tal le concedía legitimidad al Rey. Eso explica por qué los caraqueños (y los santafereños, y los santiaguinos y los bonaerenses) podían considerar ilegítimo a José I: si ellos no habían pactado con él, no era legítimo que quisiera gobernar como Rey de España. Ahora bien, ¿quiénes formaban el Cabildo? Cada localidad era una república, en sentido clásico, que podía ser república de españoles república de indios, y en ella los Padres de Familia reunidos en asamblea elegían un Cabildo. El Pueblo no estaba formado por todos los habitantes, sino sólo por los Padres de Familia, es decir los hombres con parentela y propiedades. El resto era la multitud multitud promiscual, en lo que básicamente también se estaba siguiendo al modelo grecorromano[4].

 

En la Jura el Rey estaba representado por el Pendón Real. No es fortuito que hasta el día de hoy Caracas siga usándola como bandera de la ciudad (aunque sustituyendo las armas reales por el escudo de Santiago de León de Caracas). Eso se debe a varias razones, pero en gran medida al lugar que ocupó el Cabildo de Caracas cuando en 1810 organizó una Junta para atender la emergencia del vacío de poder en España. Escapa de los límites de este trabajo determinar qué tanto tuvo esto de excusa, para después seguir hacia la independencia (aunque todo indica que buena parte de los promotores tenían eso en mente); o qué tan cierto era el vacío del poder. El hecho es que el Cabildo de Caracas encabezó la formación de una Junta ante la acefalía por la prisión de Fernando VII y la ilegitimidad de José I, a quien pública y ruidosamente rechazó la ciudad en un tumulto en julio de 1808. Esta Junta asumió el nombre de Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII, y comenzó a gobernar en su nombre. Incluso asumió la atribución de Alteza, y había que referirse a ella como Su Alteza.

 

Una vez más, se seguía el camino típico hispano de las otras Juntas que se formaron en España y América, pero demuestra de qué es lo que se estaba tratando: de hacer, ante la ausencia del Rey, lo que antes él hacía[5].

 

Hasta este momento, el problema de la representatividad se estaba cubriendo según los canales legales e institucionales del Antiguo Régimen. Podía haber discusión sobre si había o no vacío de poder en España (Maracaibo y Guayana opinaron que no era así, dando inicio a una guerra civil “contra Caracas”), pero en cuanto a lo que se debía hacer en el caso en el que lo hubiere, no había mayor discusión. Pero esto cambia muy rápido, tanto en Venezuela como en España. Es ahí donde los hechos dan un viraje. Muchos de quienes actuaban así sólo seguían las normas y tradiciones, pero ya pensaban en forma distinta. Su idea de cómo debía elegirse la representación del pueblo, incluso de pueblo mismo, ya era la moderna. Y ellos son, a ambos lados del Océano, los que terminan de tomar el control del movimiento juntista.

 

Para resumirlo: cuando la Junta Suprema convocó a elecciones para que se reúna un Congreso, que a su vez decidiera qué hacer en medio de la acefalía, marcó un punto de inflexión. Uno que literalmente demolió la representatividad tradicional[6]. El Reglamento para la elección y reunión de diputados que han de componer el cuerpo conservador de los Derechos del Señor Don Fernando VII en las provincias de Venezuela, redactado en 1810 por Juan Germán Roscio para las elecciones que se realizaron en octubre del mismo año, acaba con la representación corporativa y la sustituye por la suma de los individuos con derecho al voto, indistintamente de su casta, estado y corporación a la que pertenecieren. Pocas cosas han sido más revolucionarias en la historia venezolana[7].

 

De tal modo que si los diputados consideraban que el Rey había roto el pacto según los criterios de la representatividad tradicional, cuando alegan ejercer la “augusta representación” del pueblo venezolano, ya lo hacían con base en la representatividad moderna.

 

Entre la anarquía y la tiranía, o las tribulaciones de la representación

A quince años y casi cinco mil kilómetros del Congreso venezolano de 1811, era mucha la experiencia con la que podía contar el que se reunía en Chuquisaca para acordar los destinos del Alto Perú. El tiempo y los territorios que separaban a ambos congresos habían impreso cambios muy profundos. Una vez más se reunían unos diputados para afirmar que un pueblo determinado era una nación y crear así un nuevo Estado, pero ya el “miserable Rey Fernando VII” (así lo leemos en el acta de independencia boliviana), era un tema menor, en comparación con los más urgentes de determinar si se integraban a Perú, seguían unidos al Río de la Plata o tomaban un camino independiente. Se escogió lo último, poniéndosele al país el nombre de Simón Bolívar, Bolivia, y designando al Libertador como su Presidente y Protector.

 

Aunque Bolívar declinó los honores, dejando el espacio a Antonio José de Sucre, sí aprovechó la oportunidad para ensayar en ella las ideas constitucionales en las que venía pensando desde, al menos, un lustro atrás.

 

La anarquía venezolana, con su guerra social y racial; las dificultades para constituir a la República de Colombia (convencionalmente conocida como Gran Colombia), la situación también anárquica del Perú: todo había hecho de Bolívar un hombre que buscaba desesperadamente el orden, aunque sin renunciar por eso a desencadenar profundas transformaciones revolucionarias. Una combinación muy complicada, que en su momento se le escapó de las manos, y que en la posteridad ha hecho al pensamiento bolivariano tan dúctil para ser asumido por todos los movimientos, desde la extrema izquierda hasta el conservadurismo, tomando cada uno lo que mejor le convenga.

 

No es de extrañar que su famoso proyecto de constitución resultó controvertido para todos. A algunos la presidencia vitalicia, casi calcada de la corona británica, era demasiado aristocratizante. A otros les pareció la abolición de la esclavitud y la extensión del derecho el voto a casi todos los varones, un extremo de radicalismo. Pero es el resultado de la búsqueda de un punto medio, que el mismo Libertador explica en su también muy famoso discurso al Congreso Constituyente de Bolivia:

 

¡Legisladores! Vuestro deber os llama a resistir el choque de dos monstruosos enemigos que recíprocamente se combaten, y ambos os atacarán a la vez: la tiranía y la anarquía forman un inmenso océano de opresión, que rodea a una pequeña isla de libertad, embatida perpetuamente por la violencia de las olas y de los huracanes, que la arrastran sin cesar a sumergirla. Mirad el mar que vais a surcar con una frágil barca, cuyo piloto es tan inexperto[8].

 

A lo largo de los siguientes dos siglos, los legisladores del mundo hispano han tenido que enfrentarse a los dos monstruos de la anarquía y la tiranía. Es el mar proceloso –siguiendo con las metáforas de Bolívar- por donde lleva navegando la representación moderna desde que en Caracas se impuso por primera vez. Incluso pareciera que la crisis de legitimidad de 1808 no pudo resolverse, al menos en lo fundamental, hasta la primera mitad del siglo XX (aunque con coletazos muy posteriores en muchas partes). En Venezuela fue un desastre en los primeros años (y en los siguientes lo ha sido a veces, o se ha aproximado a ello en muchos casos). Al Congreso de 1811-12 y su débil Ejecutivo, siguieron seis dictaduras en tres años. Eso debe ser algún tipo de récord mundial. Veamos: la dictadura comisoria que recibe Francisco de Miranda por parte del mismo Congreso en 1812, la que en la práctica implanta Domingo Monteverde entre 1812 y 1813, las de Simón Bolívar en el Occidente del país (Estado de Venezuela) y Santiago Mariño en el Oriente (Estado de Oriente), entre 1813-1814; la muy breve que impone José Tomás Boves en 1814, junto a la igualmente breve de Manuel Piar y José Félix Ribas en ese mismo año.

 

Se pueden hablar de otros casos, o discutir si lo de Piar y Ribas llegó a ser realmente un gobierno, o si al Bolívar de 1813 se le puede definir como dictador. Pero no se puede eludir el hecho de que, en cualquier caso, entre golpes (de Monteverde y Boves a sus capitanes generales en el bando realista; de Piar y Ribas a Mariño y Bolívar; y en alguna medida de los jóvenes oficiales a Miranda) y violencia generalizada (guerras, saqueos, masacres), la nueva representación dejó de existir en la práctica, casi tan aparatosamente como le había pasado con la tradicional, y en su lugar aparece la figura militar exitosa que se lo lleva todo.

 

Las historias de toda Hispanoamérica y de España hasta entrado el siglo XX demuestran lo hondo que se afianzaron estas raíces. Por eso Bolívar sabía bastante bien de qué estaba hablando cuando decía aquello de la tiranía y la anarquía, como lo sabía Miranda cuando profirió su apotegma de ¡bochinche, bochinche! ¡Esta gente no sabe hacer sino bochinche!

 

Pero, y este es un dato importante, el bochinche, la tiranía y la anarquía no significaron que los republicanos dejaran de sentir que se necesitaba algo más que las armas para ser legítimo. Está desencaminado quien crea que por el pretorianismo y el caudillismo que se iniciaron entonces, los hispanoamericanos no le damos ninguna importancia a la representación. La búsqueda de la legitimidad, siempre ha acompañado a los caudillos y a los pretores, a veces como simple tapadera, o a veces de forma legítima. La sola necesidad de montar un congreso y convocar a unas elecciones como mamparas, demuestra que algún poder, siquiera simbólico, tienen. La Dictadura de Miranda sale de este grupo, porque fue comisoria, nombrada por el Congreso, según lo estipulado por las leyes. En su condición de Dictador, prefirió dejar las cosas como estaban y firmó una capitulación con Domingo Monteverde, que era jefe de los ejércitos del Rey que desde Maracaibo y Coro avanzaron contra la República. Se trataba de una paz honrosa, que respetaría vida y bienes, pero Monteverde incumplió, como en realidad incumplió todo lo demás: no respetó la autoridad de sus superiores, no puso en práctica la Constitución de Cádiz, se declaró a sí mismo Capitán General y decidió gobernar por lo que llamó la “Ley de la Conquista”, es decir, con poderes extra-constitucionales que no se basaban en nada distinto que en sus armas. De modo que el inicio real de la saga de los dictadores en Venezuela debe colocarse en Monteverde.

 

Pues bien, esta situación fue el argumento con el que Simón Bolívar invadió Venezuela desde la Nueva Granada en 1813. Su misión era de volver a reunir el Congreso y restablecer así la legitimidad. Al no poder hacerlo, porque los diputados estaban presos, en el exilio o muertos, entonces comenzó a gobernar de facto. Era un problema legal que él comprendió muy rápido. Ni había sido electo por nadie, ni era siquiera un ciudadano venezolano (se había nacionalizado neogranadino), ni dirigía, en sentido estricto, un ejército del país, sino de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. ¿Cómo darle aunque sea una apariencia de legitimidad a aquello? No prosperó la propuesta de que se declarara sucesor de la Dictadura de Miranda, cuya extinción quedó nula al incumplir Monteverde la capitulación. Al final, con el país otra vez encendido de rebeliones pro-monárquicas, en enero de 1814 Bolívar reunirá una Asamblea en Caracas, cuya representatividad nunca ha estado muy clara, para que ella le otorgara poderes especiales.

                                                            Tomado de PRODAVINCI, Venezuela.

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